Eliminación de las reclamaciones previas en vía civil y laboral, afectando a la relación laboral especial de los internos

Tal como establece el Preámbulo de la Ley 39/2015 y, debido a su escasa utilidad en la práctica, dichas reclamaciones previas obligatorias antes de poder acudir a la jurisdicción ordinaria, desaparecen. Por lo tanto, debemos entender derogada, aunque no hecho expresamente, la última parte del artículo 1.5 del Real Decreto 782/2001 que dice así:

“Para demandar al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente, será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma establecida en el artículo 69 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y en el artículo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Dicha competencia la tenía asumida el Director-Gerente de la actual entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por delegación del Presidente de la entidad.